La finalidad de este documento consiste en presentar los resultados del balance realizado por UNFPA de la Ley General de Salud de Perú y el Código Penal, el cual contiene el análisis de los obstáculos y vacíos que presenta el marco político normativo nacional e internacional, así como los avances y desafíos referidos al acceso de las y los adolescentes a estos servicios. Asimismo, se presentan las posibles rutas que se deben seguir para lograr los cambios deseados en la legislación vigente. El documento se divide en cuatro partes: la primera se refiere a las características de las y los adolescentes vinculadas a su salud sexual (SS) y su salud reproductiva (SR). La segunda analiza la capacidad de las y los adolescentes para tomar decisiones con relación a su SS y su SR. La tercera parte presenta el balance de la normatividad referida al acceso de las y los adolescentes a los servicios de salud mencionados. Finalmente, el cuarto capítulo señala las posibles rutas que se deben seguir para favorecer el acceso de las y los adolescentes a estos servicios. El acceso de las y los adolescentes a los servicios de SS, SR y prevención del VIH-Sida es vital para garantizar que ellas y ellos ejerciten sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. El marco normativo internacional, así como diversos acuerdos firmados por el Estado peruano, exigen el cumplimiento de estos derechos, pero queda planteada la pregunta de si, en la práctica, el marco normativo nacional favorece o no el ejercicio de tales derechos. La Ley General de Salud, que regula al sector, ha sido interpretada en el sentido de que las y los adolescentes requieren el consentimiento de sus padres o tutores para acceder a los servicios e insumos de SS, SR y prevención del VIH-Sida. Por otro lado, en el Código Penal se ha modificado la norma que penaliza las relaciones sexuales en la adolescencia, lo que ha traído como consecuencia la criminalización de todo acto sexual - aun cuando fuera consentido - en el que participen personas menores de 18 años. Frente a ello, desde el 2006 se vienen impulsado una serie de iniciativas legislativas con el objeto de cambiar la normatividad y encontrar alternativas para garantizar el acceso de dicha población a los servicios mencionados.